CSI·F SECCIÓN AYUNTAMIENTO DE SADA (La Coruña)

CSIF manifiesta su rechazo a las medidas de la reforma laboral propuesta por el Gobierno

2012-02-13T20:00:00.004+01:00

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE)

CSIF manifiesta su rechazo a las medidas de la reforma laboral propuesta por el Gobierno

Lunes, 13/02/2012

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, manifiesta su rechazo a las medidas de la reforma laboral, que no van a servir para crear empleo, sino que van a desequilibrar las relaciones laborales en España, facilitando la destrucción del empleo y precarizando aún más las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y que profundiza en el desmantelamiento del sector público.

Se quiere salir de la crisis con el sacrifico único de los trabajadores. Se facilita el despido al reducir la indemnización por despido improcedente a 33 días y con un límite de 12 mensualidades. Además con la ampliación de las causas objetivas para el despido procedente todos los despidos serán de 20 días con el tope de 24 mensualidades y teniendo el trabajador que probar en los tribunales la improcedencia del despido.

Propicia la destrucción de empleo en el sector público, sin entrar a valorar si es necesario o no y rechazando la negociación y el trabajo para adecuar las Administraciones Públicas: el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos podrán despedir al personal laboral que accedió a su plaza mediante oposición aduciendo causas técnicas, organizativas y de la producción igual que en la empresa privada.

Facilita los EREs, las empresas no necesitarán la aprobación de la autoridad laboral competente, sólo tendrán que comunicar su decisión.

Las empresas podrán reducir los salarios e incrementar las jornadas por razones económicas o técnicas y el trabajador que no esté de acuerdo será despedido con 20 días por año.

Elimina la ultra actividad de los convenios, despojando a los trabajadores de los derechos del convenio en caso de que la patronal lo denuncie y trascurrido el plazo de 2 años no se llegue a acuerdo.

En el capítulo I, el de medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores, dedica su primera parte a las empresas de trabajo temporal (ETT)… que te contratan y luego te ceden para que prestes los servicios en otra empresa, que hacen de INEM. Una amplia extensión del capítulo para ellas, intermediarios que suplen a las administraciones ante la imposibilidad, forzada por los políticos, para que la administración pública realice su trabajo. Sería necesario que se les dé a las oficinas de empleo la operatividad que merecen.

No se adoptan medidas para luchar contra la economía sumergida. Habrá que controlar que el nuevo contrato para PYMES que permite compatibilizar el cobro del 25% del desempleo para que no se convierta en una figura abusiva.

Si no se genera empleo es por la recesión, la caída del consumo interno, la falta de crédito y el déficit generado por unos Administradores Políticos que han derrochado, y nos lo están haciendo pagar a los trabajadores.

Creemos que esta reforma por sí sola no va a crear empleo si no va acompañada de medidas que persigan el fraude fiscal, la economía sumergida y la reactivación racional de la inversión pública.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Circular da Dirección Xeral de Administración Local de Galicia

2012-02-06T20:00:00.006+01:00

Circular interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do real Decreto-Lei 20/2011 do 30 de decembro

30/01/2012 | Dirección Xeral de Administración Local

Coma consecuencia das dúbidas e inquedanzas expostas por diferentes concellos de Galicia:

http://www.eidolocal.es/portal/actualidade/novas/2012_01_30_01.html

El Tribunal Supremo respalda a los aprobados de buena fe en una oposición anulada

2012-02-05T20:00:00.003+01:00

Del blog de Derecho Público de Sevach, contencioso.es:

La recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 18 de Enero del 2012 (ROJ: STS 66/2012) (rec. 1073/2009) aprecia el grave defecto consistente en que el Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias fija la nota de corte y los criterios de valoración del segundo ejercicio, tras su realización, pues este proceder arroja la sombra de duda sobre posible manipulación del resultado de aprobados.

http://contencioso.es/2012/02/02/el-tribunal-supremo-respalda-a-los-aprobados-de-buena-fe-en-una-oposicion-anulada/

PLATÓN

2012-01-29T19:30:00.001+01:00

LA NUEVA JORNADA MÍNIMA SEMANAL DE 37,5 HORAS NO ES OBLIGATORIA PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

2012-01-25T17:00:00.011+01:00

COMUNICADO (CSIF-La Rioja):

El mínimo de 37,5 horas de jornada en promedio semanal no es de aplicación en los Ayuntamientos que hayan negociado un acuerdo general o expresamente de la jornada.

En contra de la opinión de la FEMP que manifestaba en su informe que era de aplicación a todos los Ayuntamientos, la Dirección General de Función Pública ante una pregunta electrónica formulada ha manifestado que no es así.

La Dirección General de Función Pública del Ministerio de Política Territorial, en respuesta a una consulta electrónica que se le ha formulado ha dicho lo siguiente:

El artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, relativo a la "reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos", establece lo siguiente: "A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos. Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.

Para la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito de la Administración General del Estado se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar las instrucciones necesarias para adecuar los calendarios laborales vigentes, incluidos los sistemas de seguimiento del cumplimiento horario, previa negociación en el seno de la Mesa General de Negociación".

Tal y como se dispone en dicho precepto, la jornada ordinaria de trabajo que se establece lo es para el conjunto del sector público estatal, por lo que en primer lugar quedan excluidas las Administraciones autonómicas.

Por lo que se refiere a la Administración Local, este precepto debe ponerse en relación con la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 94) y con el propio EBEP (artículo 47 y 37.1.m).

El artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que:

"La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en computo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada".

Por su parte los artículos 47 y 37.1.m del EBEP establecen lo siguiente: "Artículo 47: Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial".

"Artículo 37.1:1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:

m. Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos".

A la vista de los preceptos transcritos, se entiende que la previsión del artículo 94 de la LBRL, ha quedado superada por una norma posterior de carácter básico, como es el EBEP, que viene a considerar la jornada y horario como un elemento propio de las potestades de autoorganización de las Administraciones Públicas y que además ha de ser objeto de negociación colectiva.

En consecuencia, la previsión del artículo 94 de la LBRL y, por ende, del artículo 4 del Real Decreto-Ley, tendrían efecto, sólo cuando no se hubiera negociado jornada alguna para el personal funcionario.

Por lo que respecta al personal laboral de la Administración Local, dicho artículo 94 no hace referencia alguna a su jornada, por lo que no debe entenderse aplicable al mismo.

Asimismo, los artículos 51 y 32 del EBEP dicen lo siguiente:

"Artículo 51: Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente".

"Artículo 32: La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este Capítulo que expresamente les son de aplicación".

De la lectura de estos preceptos se deduce:

1.- Que son aplicables aquí los argumentos expuestos respecto del artículo 47 del EBEP relativos a la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas en materia de jornada.

2.- Que la negociación colectiva en el ámbito laboral se ha de realizar en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

Por último cabe señalar lo que respecto de la jornada indica el Estatuto de los Trabajadores:

"La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo".

(Hacemos nuestro el anterior comunicado, difundido ayer por el Departamento de Local y Universidad de la Unión Autonómica de CSIF de La Rioja. La circular de la FEMP mantiene una opinión contraria a la de CSIF y a la de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Política Territorial en relación con la jornada mínima aplicable a los Ayuntamientos, pues interpreta que los funcionarios locales deben realizar una jornada mínima de 37 horas y media mínimo en promedio semanal, pero esto no es así en los Ayuntamientos que hayan negociado un Acuerdo de jornada, calendario o tengan un acuerdo municipal que establezca dicha jornada).

CIRCULAR DE LA FEMP SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 20/2011

2012-01-24T18:00:00.023+01:00

Circular de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que se resumen las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros del día 30 de de diciembre y aprobadas por Real Decreto Ley 20/2011

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Enlaces relacionados

Circular de la FEMP en formato PDF
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
Los recortes para 2012 congelan nuevamente los salarios de los empleados públicos
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Circular de la FEMP para Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

El Consejo de Ministros celebrado con fecha 30 de diciembre de 2011 aprobó un paquete de medidas urgentes, algunas de especial incidencia para los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Las medidas más importantes están contenidas en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, publicado en el BOE con fecha 31 de diciembre de 2011.

Acompañamos un resumen de las medidas.

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

(BOE Núm. 315, de 31 de diciembre de 2011)

Se produce la prórroga general de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 a partir del 1 de enero de 2012, salvo en aquellos créditos correspondiente a actuaciones que terminen en el año 2011 o para obligaciones que se extingan en el mismo año.

Igualmente, y aunque la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene vigencia anual, la prórroga no afectará a aquellas normas de vigencia indefinida que la misma puede incluir; que seguirán estando vigentes.

Por otro lado, el contenido de los créditos prorrogados no se ve afectado por las autorizaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio de 2011 porque el objeto de la prórroga no es la ejecución del presupuesto de ese ejercicio, sino las autorizaciones iniciales de gasto por ejercicio contenidas en la referida Ley 39/2010, de 22 de diciembre.

Esto mismo cabría decir de las autorizaciones de endeudamiento, por lo que deben entenderse prorrogadas las iniciales establecidas en dicha ley.

Finalmente, el artículo 38.3 de la Ley General Presupuestaria aclara que la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

I. GASTOS DE PERSONAL.

En el Capítulo II, «De los gastos de personal», se mantienen las cuantías de las retribuciones del personal y altos cargos del sector público y se congela la oferta de empleo público, aunque con algunas excepciones.

Además, aunque solo para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo se amplía a un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos.

I.1. Retribuciones del personal.

En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (artículo 2. Dos).

Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades que integran el sector público tampoco podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación (artículo 2. Dos).

Aunque sólo de aplicación a los altos cargos del sector público Estatal, el artículo 2.Seis establece una reducción de un 10 por ciento de los créditos globales de 2011 destinados al complemento de productividad de este personal.

I.2. Oferta de empleo público.

Como regla general, a lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal (artículo 3.Uno).

Esta limitación alcanza también a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, así como a la contratación de personal temporal y al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales (artículo 3.Uno y Dos).

En cuanto a las excepciones a la regla general (sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento), a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, entre ellas no se incluye a la Policía Local ni a los Cuerpos de Bomberos, por lo que tales excepciones no son de aplicación en la Administración Local (artículo 3.Cinco).

I.3. Cotizaciones sociales.

En el artículo 13 se procede a la actualización de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Por lo que afecta a las Entidades Locales, hay que destacar las siguientes actualizaciones:

- Se incrementan un 1 por ciento las cuantías de las bases de cotización máximas aplicables en los distintos Regímenes de la Seguridad Social, respecto de las vigentes en 2011 (pasan de 3.230,10 € mensuales a 3.262,40).
- Se fija en el 7,10 por ciento (el 5,92 a cargo de la empresa y el 1,18 al del trabajador) el tipo de cotización adicional en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos (supone un incremento del 4,4% respecto a 2011 que, recordemos el estaba fijado en el 6,80 por ciento -5,67 para la empresa y 1,13 para el trabajador-).

Los tipos de cotización del régimen general no sufren variación respecto a los establecidos para 2011 en el artículo 132 de la Ley 39/2010.

I.4. Jornada de trabajo.

En el artículo 4 se reordena el tiempo de trabajo de los empleados del sector público estatal, de forma que a partir del 1 de enero de 2012 la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos. Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.

Con esta medida se extiende a todos los empleados del sector público estatal la jornada de trabajo que la Resolución de 20 de diciembre 2005, de la Secretaría General Administración Pública, (BOE 27 diciembre 2005, núm. 309) establecía para el personal civil al servicio de la Administración General del Estado, con un cambio sustancial: la citada Resolución establecía las 37 horas y 30 minutos semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual como duración máxima de la jornada, mientras que ahora el Real Decreto-Ley la establece como duración mínima del promedio semanal de la jornada.

Aunque el Real Decreto-Ley circunscribe la aplicación de esta reordenación de la jornada al sector público estatal, tiene también su incidencia, aunque limitada, en el sector público local. En efecto, en virtud del artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que la fijada para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

Teniendo en cuenta que el citado artículo 94 se refiere exclusivamente a los funcionarios locales y que la equivalencia de su jornada con la de los del Estado se hace en cómputo anual, a partir del 1 de enero de 2012 la jornada de trabajo de los funcionarios públicos locales no podrá ser inferior a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales (según el apartado Segundo.1 de la Resolución de 20 de diciembre 2005 este es el número de horas anuales equivalente a las 37 horas y 30 minutos semanales).

II. PENSIONES Y AYUDAS PÚBLICAS.

En el Capítulo III, « De las pensiones y ayudas públicas», se establece para 2012 un incremento general de las pensiones de un uno por ciento y la actualización conforme al IPC (2,9 %) de la percibidas en 2011.

II.1. Incrementode las pensiones.

Según el artículo 5, este incremento del 1 por 100 se aplicará a las cuantías de:

- los límites de percepción de pensiones públicas,
- los ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos,
- las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo,
- los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra (artículo 5.1).
- las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado,
- las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, las pensiones no contributivas y el extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes,
- las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.

La cuantía de las pensiones y prestaciones citadas en los dos últimos apartados, sobre la que ha de aplicarse el incremento indicado, será la resultante de incrementar la vigente a 31 de diciembre de 2010 en el porcentaje del 2,9 por ciento,correspondiente al IPC real del periodo de noviembre de 2010 a noviembre de 2011.

Las excepciones a la aplicación del incremento del 1 por 100 se enumeran en el artículo 5.4 y son las siguientes pensiones:

- las que su importe mensual exceda del límite mensual de percepción de las pensiones públicas.
- las de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985,
- las del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas,
- las de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2011, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.
- las de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social referidas en el artículo 45.Tres de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

II.2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

El artículo 6 establece una paga compensatoria equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2011 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías mínimas de dichas pensiones el incremento del 2,9 por ciento, correspondiente al IPC real en el período de noviembre de 2010 a noviembre de 2011. Tendrán derecho a dicha paga los perceptores de:

- complementos por mínimos de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas,
- pensiones no contributivas de la Seguridad Social y del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes,
- de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, y
- del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.

III. HACIENDAS LOCALES.

Con el objetivo de garantizar que la situación financiera de las Corporaciones Locales no ponga en peligro la consecución del principal objetivo en materia presupuestaria, que es la reducción del déficit público del Reino de España con arreglo a la senda prevista en el Programa de Estabilidad 2011-2014, en el Capítulo IV, «Normas tributarias», se establece con carácter transitorio y excepcional para 2012 y 2013 un incremento del tipo impositivo del IBI para los inmuebles urbanos.

Por lo que se refiere a la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, el Real Decreto-Ley se limita a prorrogar la regulación contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, actualizándose exclusivamente las referencias temporales relativas a la población a considerar, esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad recaudatoria.

Finalmente, se mantienen para el año 2012 las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades locales establecidas, para 2011, en el Real Decreto-Ley 8/2010, en los términos establecidos en la Ley 39/2010, de22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, aunque actualizando las referencias temporales de las magnitudes y de las liquidaciones presupuestarias a que tales restricciones están referidas.

III.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El artículo 8 establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que hubiesen aprobado los Ayuntamientos conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dicho incremento varía en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia total de valores del municipio y se aplicará de la siguiente forma (aunque en ningún caso podrá dar como resultado un tipo superior al 1,10 por 100, que es el máximo establecido en dicho artículo 72):

- El 10 por 100 en los municipios con ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en 2013 (hasta 2011 ha estado fijado en el 0,4 por 100).
- El 6 por 100 en los municipios con ponencia de valores total aprobada entre 2002 y 2004, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento.
- El 4 por 100 en los municipios con ponencia de valores total aprobada entre 2008 y 2011.

No obstante, estos incrementos únicamente se aplicarán:

- A los inmuebles de uso no residencial, en todo caso, incluidos los inmuebles gravados con tipos diferenciados a que se refiere el artículo 72.4 del citado Texto Refundido.
- A la totalidad de los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002.
- A los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o en un año posterior, y que pertenezcan a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan dicho uso.

Por otro lado, se exceptúa de la aplicación de estos incrementos:

- en municipios cuyas ponencias de valores hayan sido aprobadas entre los años 2005 y 2007 (esto en atención a los elevados precios de mercado de estos años).
- en municipios en los que se apruebe una ponencia de valores total en el año 2012.

Finalmente, reseñar que en el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2012 o 2013 fuese inferior al vigente en 2011, en el año en que esto ocurra los citados porcentajes de incremento se aplicarán sobre el tipo vigente en 2011.

III.2. Participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado.

Se actualizan para 2012 exclusivamente las referencias temporales del artículo 107. Dos.a de los componentes de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado regulados en las Secciones 2ª a 6ª, del Capítulo I, de Título VII de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, considerando a esos efectos la población del Padrón Municipal vigente y oficialmente aprobado por el Gobierno a 1 de enero del año 2012 y los datos del esfuerzo fiscal y del inverso de la capacidad recaudatoria de la última liquidación definitiva practicada.

Por lo que se refiere a la información a suministrar por parte de las Corporaciones Locales para determinar el esfuerzo fiscal para la liquidación definitiva de la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado correspondiente a 2012, será la relativa a las certificaciones referidas al año 2010 y se deberán remitir a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda antes del 30 de junio del año 2012, en la forma en la que éstos determinen.

Por otra parte, la revisión cuatrienal del conjunto de municipios que participan en los tributos del Estado por el sistema de cesión de un porcentaje de la recaudación del IRPF, IVA e Impuestos Especiales (artículo 114 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se remite a lo que establezca la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

III.3. Operaciones de endeudamiento.

La disposición adicional decimocuarta prorroga para 2012 las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades locales que, para 2011, introdujo el artículo 14.Dos del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, con la redefinición que de las mismas hizo la disposición final decimoquinta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Criterios de prudencia aconsejan mantener esta medida para el año 2012.

Únicamente se actualizan las referencias temporales de las magnitudes y de las liquidaciones presupuestarias mencionadas en aquel precepto, y que encuentran su origen en el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Así, para la determinación del ahorro neto y de los ingresos corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, se tendrá en cuenta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a aquella norma y a la de estabilidad presupuestaria. Y, a efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada o proyectadas en 2012.

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio económico 2012, las entidades locales y sus entidades clasificadas en el sector Administraciones Públicas que liquiden el ejercicio 2011, con ahorro neto positivo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.

III.4. Pago de deudas de Instituciones Sanitarias de las EE. LL. con la Seguridad Social.

Se amplía hasta los 18 años el plazo de pago de deudas contraídas con la Seguridad Social por instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro.

La disposición adicional trigésima de la 41/1994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, concedió a las instituciones sanitarias de titularidad de las Administraciones Públicas o de instituciones sin ánimo de lucro una moratoria de diez años sin interés y con 3 años más de carencia, para el pago de las de las deudas que dichas instituciones hubieran contraído con la Seguridad Social con anterioridad al 1 de enero de 1995.

La disposición adicional primera del Real Decreto-Ley que comentamos permite que las instituciones sanitarias que se hubiesen acogido a dicha moratoria soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de 10 años y de la carencia concedida a 18 años.

IV. URBANISMO.

La disposición final novena modifica el apartado 2 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, con la finalidad de ampliar hasta cinco años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, el plazo transitorio para que las valoraciones de los terrenos que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se efectúen conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo. El plazo transitorio inicial fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2011 por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, por lo que está cerca de extinguirse.

V. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

El Gobierno ha adoptado el acuerdo de autorizar al IMSERSO la ejecución de 52 expedientes del programa de Teleasistencia Domiciliaria a personas mayores durante el ejercicio 2012, mediante la aprobación de una partida de 30 millones de euros destinados a tal fin. Esta medida permitirá a las Entidades Locales adheridas al convenio marco de colaboración con el IMSERSO seguir prestando el servicio de asistencia a los colectivos de personas mayores y personas con discapacidad.

El Programa de Teleasistencia Domiciliaria (TAD), del que se benefician casi 250.000 usuarios, es una iniciativa de ámbito estatal, que se puso en marcha en 1993, tras la firma de un convenio marco de colaboración suscrito por la FEMP y el IMSERSO. Este programa está implantado en 13 Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. En estos momentos están vigentes 50 convenios específicos con 238 Entidades Locales, entre Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Insulares, Cabildos y Mancomunidades.

Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

(BOE Núm. 315, de 31 de diciembre de 2011)

El Gobierno ha acordado la prórroga de un año, hasta el 31 de diciembre de 2012, para que los Ayuntamientos suscriban contratos de suministro en el mercado libre. La FEMP había solicitado esta medida, dados los problemas que, en el caso de los consistorios, se estaban produciendo en la aplicación del Real Decreto 485/2009 que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso.

La Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, contiene una Disposición Transitoria Segunda que dice textualmente lo siguiente:

“1. Los consumidores conectados en alta y baja tensión que a 31 de diciembre de 2011 estén siendo suministrados por un comercializador de último recurso y el 1 de enero de 2012 carezcan de un contrato de suministro en el mercado libre, siempre que no estén incluidos en la excepción establecida en el artículo 3.3 del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, podrán seguir siendo suministrados por dicho comercializador de último recurso hasta el 31 de diciembre del 2012.

El precio que deberán pagar estos clientes por la electricidad consumida al comercializador de último recurso durante este periodo será el correspondiente a la aplicación de la facturación de la tarifa de último recurso, TUR, sin aplicación de la modalidad de discriminación horaria, incrementado sus términos un 20 por ciento”.

2. Si el 1 de enero de 2013 los consumidores a los que se refiere el apartado anterior no han procedido a contratar su suministro en el mercado libre, se considerará rescindido el contrato entre el consumidor y el comercializador de último recurso siendo de aplicación a estos efectos lo establecido en el artículo 86.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.” (…)

Finalmente, trasladamos las siguientes consideraciones:

Entrada en vigor:

La disposición final vigésimo tercera establece la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2011, el 1 de enero de 2012. Por tanto todas la medidas que afectan a las EE. LL. son de aplicación inmediata (la subida de tipos del IBI se verá reflejada ya en los recibos de 2012).

Necesidad de acuerdos municipales para la aplicación de estas medidas:

Por ser medidas establecidas por una norma de rango legal, las normas locales (ordenanzas fiscales y presupuestos de las EE. LL.) deberían adaptarse a aquéllas. Aunque no es imprescindible, sería conveniente que las EE. LL. adaptasen sus normas al Real Decreto ya que si no lo hacen éstas habrán de entenderse derogadas por ser contrarias a una norma de rango superior, siendo de aplicación directa esta norma de rango superior, es decir, el Real Decreto-Ley 20/2011.

Normas locales que pueden resultar afectadas son:

- Los presupuestos municipales, en lo referente al Capítulo de Gastos de Personal (Cap. I del estado de gastos) en tanto se haya previsto o no incrementos de las retribuciones de los empleados públicos.
- La ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el artículo donde se establezcan los tipos impositivos.
-

MAHATMA GANDHI

2012-01-15T18:00:00.004+01:00

LOS RECORTES PARA 2012 CONGELAN NUEVAMENTE LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

2011-12-31T17:00:00.136+01:00

CSIF rechaza la congelación salarial de los empleados públicos para 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Número 315 Sábado 31 de diciembre de 2011

DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público

CSIF NACIONAL

(30 de diciembre de 2011)
El Real Decreto de prórroga presupuestaria, vuelve a imponer nuevos recortes a los empleados públicos.

En la reunión de hoy de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, se ha expuesto por parte del Gobierno un paquete de medidas, con recortes que afectan al conjunto de empleados públicos:

Congelación salarial.
Tasa de reposición 0%, salvo en los servicios básicos, que se admite una tasa de reposición del 10%. Consideran estos servicios básicos los de Educación, Sanidad, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (incluidas las Policías Autonómicas) y los Cuerpos de la lucha contra el fraude fiscal.
Estas medidas tienen carácter básico, es decir, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas del Estado.

CSIF, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, manifiesta que rechaza dichas medidas que suponen un nuevo ataque a las condiciones laborales de los Empleados Públicos.

Los Empleados Públicos llevamos sufriendo, desde hace varios años, una pérdida importantísima de poder adquisitivo, superior al 20%. Los recortes a nuestros salarios, son medidas fáciles, aparentes y mediáticas, pero que ya se ha podido comprobar no tienen repercusión significativa para salir de la crisis. Sirven para hacer creer a la sociedad que somos la causa de la crisis y que con nuestro sacrificio se solucionará.

Pedimos al Gobierno que cuantifique y reconozca la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años y que la haga pública, para que la Sociedad conozca la verdadera evolución de los salarios de los Empleados Públicos, y el castigo que la crisis nos está suponiendo a nosotros también.

Se quiere asociar déficit público con servicios públicos y empleados públicos. Hay que dejar claro al ciudadano cuál es la diferencia entre lo que son las Administraciones Públicas y los Empleados Públicos y lo que no lo son. Y qué presupuestos hay para Servicios Públicos en las Administraciones Públicas y qué presupuestos se gastan en otras ‘cosas’ que no son servicios públicos.

Desde CSIF, siempre hemos defendido que tiene que haber el número necesario de Empleados Públicos, ni uno más ni uno menos, para prestar los Servicios Públicos que los ciudadanos demandan. Con una tasa de reposición cero, lo que se quiere transmitir al ciudadano es que se puede hacer lo mismo con menos trabajadores y eso no es cierto. No se podrá dar la calidad necesaria y demandada.

Volvemos a reclamar negociación de verdad. ¿Por qué a los empresarios y a los sindicatos de clase se les ha convocado para la reforma laboral y a los Empleados Públicos se nos niega el derecho a negociar y trabajar para modernizar, de verdad, las Administraciones Públicas?

Nos sentimos preocupados, con esta situación, en la que los nuevos responsables políticos que confunden firmeza y rigor con imposición, igual que hizo el anterior Gobierno.

Reclamamos para los Empleados Públicos la capacidad de negociación, que en el ámbito de la empresa privada ya han empezado con los sindicatos de clase, y que con actos como el de hoy se nos hurta. Consideramos que no ha habido negociación pues no debe considerarse así a la reunión de la Mesa General tenida hoy ya que el Gobierno se ha limitado a comunicarnos su decisión.

Tenemos, todos, que luchar por unos servicios públicos de calidad que empiezan por no deteriorar más las condiciones laborales de los servidores públicos.

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO SOMOS CULPABLES

SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO

Madrid, 30 de diciembre de 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE CSIF

Enlaces relacionados

Cómo afecta realmente el Real Decreto-Ley 20/2011 al empleo público (contencioso.es)
Cómo ahorrar para compensar la congelación salarial (contencioso.es)

Enlaces de prensa relacionados

Tijeretazo histórico (La Voz de Galicia.es, 31/12/2011)
Otra congelación salarial para los funcionarios, que trabajarán más (La Voz de Galicia.es, 31/12/2011)
Rajoy suprime la aportación a los planes de pensiones de los funcionarios (El País.com, 31/12/2011)
Los funcionarios trabajarán 37,5 horas y su sueldo sigue congelado (El País.com, 30/12/2011)
Rajoy aprueba el mayor recorte de la historia y una gran subida de impuestos (El País.com, 30/12/2011)
El Gobierno congela el salario de los funcionarios en 2012 y amplía su jornada laboral (rtve.es, 30/12/2011)
El Gobierno aprueba hoy la prórroga de los presupuestos y los primeros recortes (La Vanguardia.com, 30/12/2011)
El PSOE votará en contra de los recortes de Rajoy (El País.com, 31/12/2011)
Rubalcaba: Los recortes llevan a la recesión" (ABC.es multimedia, 31/12/2011)
Bruselas aplaude los recortes y recuerda que falta la reforma laboral (El Mundo.es, 30/12/2011)

NAVIDAD 2011

2011-12-25T12:00:00.002+01:00

¡MIRAD TODOS NUESTRA PELÍCULA DE NAVIDAD!

"LOS QUE DESEMBARCARON EN NORMANDÍA NO DESFILARON EN PARÍS"

2011-12-22T17:00:00.014+01:00

"Los que desembarcaron en Normandía no desfilaron en París"

La frase, pronunciada hoy por Pons, cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia, en relación a la posibilidad de que pueda ser ministro en un futuro gobierno de Mariano Rajoy, bien podemos hacerla nuestra, porque los representantes de CSIF en el ayuntamiento de Sada, sus afiliados, sus simpatizantes y votantes podemos sentirnos todos muy orgullosos de haber luchado, en las peores circunstancias posibles, por aquello en lo que creíamos y seguimos creyendo, y por haberlo hecho BIEN: con firmeza, sin titubeos, pero limpiamente, respetando las reglas del juego, a las personas, a la institución y, en definitiva, al pueblo.

Puede que nosotros no acabemos nunca desfilando en París; puede que sean otros quienes lo hagan, con merecimiento o sin él. Pero de lo que siempre podremos sentirnos muy orgullosos es de nuestra labor realizada, porque estuvimos donde, cuando y con quien creímos que había que estar y haciendo lo que a nuestro parecer había que hacer, comprometidos con una verdadera lucha sindical, sorteando todo tipo de intrigas, incomprensiones y hasta menosprecios, a veces incluso vertidos a través de los medios de comunicación, instrumentos tan útiles y necesarios como peligrosos cuando se usan mal.

Felicidades a todos los que en el peor momento pusieron resueltamente el pie en las playas de Normandía, jugándosela, cuando todo estaba en su contra, para transformar las cosas en busca de un beneficio colectivo. Felicidades, y para siempre gracias por haber creído y habernos dejado un mundo posiblemente mejor para todos. Nosotros, los de CSIF del ayuntamiento de Sada, en La Coruña, también elegimos ser de los que desembarcamos en Normandía.

INFORMACIÓN DEL SORTEO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

2011-12-22T16:00:00.006+01:00

Lotería de Navidad. Sorteo Extraordinario de Navidad, 22 de diciembre 2011

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LOTERÍA DE NAVIDAD 2011

2011-12-20T20:00:00.001+01:00

Ya tenemos en depósito los billetes de la Lotería de Navidad que como en años anteriores hemos repartido en 250 participaciones de cuatro euros. Son cinco billetes, correspondientes a las series 61ª a 65ª.

¡SUERTE A TODOS!

FELICITACIÓN NADAL 2011

2011-12-20T12:00:00.005+01:00

VÍDEO FELICITACIÓN NADAL 2011

CSIF GALICIA
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: PREÁMBULO

2011-12-06T00:12:00.012+01:00

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978.

Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978

Sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO

La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO PRELIMINAR

2011-12-06T00:11:00.071+01:00

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. La soberanía reside en el pueblo

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2. Unidad de la Nación y derecho a la autonomía

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3. El castellano y las demás lenguas españolas

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4. La bandera de España y las de las Comunidades Autónomas

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5. Madrid, capital

La capital del Estado es la Villa de Madrid.

Artículo 6. Partidos políticos

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8. Fuerzas Armadas

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Una Ley Orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Artículo 9. (1) Respeto a la ley; (2) Libertad e igualdad; (3) Garantías jurídicas

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO I

2011-12-06T00:10:00.081+01:00

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10. Derechos de la persona

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11. Nacionalidad

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la Ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12. Mayoría de edad: 18 años

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13. Derechos de los extranjeros

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un Tratado o de la Ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14. Igualdad ante la ley

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

SECCIÓN 1.ª

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15. Derecho a la vida

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17. Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.

4. La Ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18. Derecho a la intimidad. Inviolabilidad del domicilio

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19. Libertad de residencia y circulación

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la Ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20. Libertad de expresión

1. Se reconocen y protegen los derechos:

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
A la libertad de cátedra.
A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21. Derecho de reunión

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22. Derecho de asociación

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23. Derecho de participación

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes.

Artículo 24. Protección judicial de los derechos

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25. (1) Principio de legalidad penal; (2) Trabajo remunerado para los reclusos

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor

Se prohiben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27. Libertad de enseñanza; (4) Derecho a la educación; (10) Autonomía universitaria

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.

Artículo 28. (1) Libertad de sindicación; (2) Derecho a la huelga

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29. Derecho de petición

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

SECCIÓN 2.ª

De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30. Servicio militar y objeción de conciencia

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2. La Ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

4. Mediante Ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31. Sistema tributario

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.

Artículo 32. Matrimonio

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

2. La Ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33. Derecho a la propiedad

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.

Artículo 34. Derecho de fundación

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la Ley.

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35. El trabajo, derecho y deber

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La Ley regulará un Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 36. Colegios Profesionales

La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37. Convenios y Conflictos laborales

1. La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La Ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38. Libertad de empresa. Economía de mercado

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39. Protección a la familia y a la infancia

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40. (1) Redistribución de la renta. Pleno empleo; (2) Formación profesional. Jornada y descanso laboral

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41. Seguridad Social

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42. Emigrantes

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43. Protección a la salud; (3) Fomento del deporte

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44. Acceso a la cultura

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45. Medio ambiente. Calidad de vida

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46. Conservación del patrimonio artístico

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47. Derecho a la vivienda. Utilización del suelo

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48. Participación de la juventud

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49. Atención a los disminuidos físicos

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 50. Tercera edad

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51. Defensa de los consumidores

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la Ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52. Organizaciones profesionales

La Ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53. (1) Tutela de las libertades y derechos; (2) Recurso de amparo

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a.

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen.

Artículo 54. El Defensor del Pueblo

Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55. Suspensión de derechos y libertades

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a y d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una Ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha Ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las Leyes.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO II

2011-12-06T00:09:00.061+01:00

TÍTULO II
De la Corona

Artículo 56. El Rey

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2.

Artículo 57. Sucesión en la Corona; (2) El Príncipe de Asturias

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica.

Artículo 58. La Reina

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59. La Regencia

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60. Tutela del Rey

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61.

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

Artículo 62. Funciones del Rey

Corresponde al Rey:

Sancionar y promulgar las Leyes.
Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
Proponer el candidato a Presidente del Gobierno, y en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las Leyes.
Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente de Gobierno.
El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales.
El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63.

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados, de conformidad con la Constitución y las Leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64. Refrendo de los actos del Rey

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65. La Casa del Rey

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO III

2011-12-06T00:08:00.260+01:00

TÍTULO III
De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO
De las Cámaras

Artículo 66. Cortes Generales: potestad legislativa y control del Gobierno

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67. El mandato parlamentario

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68. El Congreso de los Diputados; (2) Sistema electoral; (4) Cuatro años de legislatura

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la Ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La Ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69. El Senado, Cámara de representación territorial; (6) Cuatro años de legislatura

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una Ley Orgánica.

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70. Incompatibilidades e inelegibilidades

1. La Ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:

A los componentes del Tribunal Constitucional.
A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la Ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
Al Defensor del Pueblo.
A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial en los términos que establezca la Ley electoral.

Artículo 71. Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72. Reglamentos de las Cámaras

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73. Sesiones de las Cámaras

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que este haya sido agotado.

Artículo 74. Sesiones conjuntas de las Cámaras

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94,1; 145, 2, y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto, que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75. El Pleno y las Comisiones de las Cámaras

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de Ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de Ley que haya sido objeto de esta delegación.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las Leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76. Comisiones de investigación

1. El Congreso y el Senado, y en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La Ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Artículo 77. Peticiones a las Cámaras

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78. Diputaciones Permanentes

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.

3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Artículo 79. Adopción de acuerdos

1. Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus Miembros.

2. Dichos acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las Leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80. Publicidad de las sesiones

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la elaboración de las leyes

Artículo 81. Las leyes orgánicas

1. Son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82. La delegación legislativa; (5) Refundición de textos legales

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga al Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las Leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las Leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83. Limitación a las leyes de bases

Las Leyes de bases no podrán en ningún caso:

Autorizar la modificación de la propia Ley de bases.
Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84.

Cuando una proposición de Ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de Ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación.

Artículo 85. Decretos Legislativos

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86. Decretos-leyes y su convalidación

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general.

2. Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87. (1) Iniciativa legislativa; (2) Iniciativa legislativa de Comunidades Autónomas; (3) Iniciativa legislativa popular

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

3. Una Ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 88. Proyectos de ley

Los proyectos de Ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89. Proposiciones de ley

1. La tramitación de las proposiciones de Ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de Ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.

2. Las proposiciones de Ley que, de acuerdo con el artículo 87 tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Artículo 90. Actuación legislativa del Senado

1. Aprobado un proyecto de Ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado, en el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91. Sanción y promulgación de las leyes

El Rey sancionará en el plazo de quince días las Leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92. Referéndum

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una Ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

CAPÍTULO TERCERO
De los Tratados Internacionales

Artículo 93. Tratados internacionales

Mediante Ley orgánica se podrá autorizar la celebración de Tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos Tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94. Autorización de las Cortes para determinados tratados internacionales

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

Tratados de carácter político.
Tratados o convenios de carácter militar.
Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título primero.
Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna Ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes Tratados o convenios.

Artículo 95. Los tratados internacionales y la Constitución

1. La celebración de un Tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96. Derogación y denuncia de los tratados y convenios

1. Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

2. Para la denuncia de los Tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO IV

2011-12-06T00:07:00.061+01:00

TÍTULO IV
Del Gobierno y de la Administración

Artículo 97. El Gobierno

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes.

Artículo 98. Composición y estatuto del Gobierno

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la Ley.

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La Ley regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99. Nombramiento del Presidente del Gobierno; (2) El voto de investidura

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100. Nombramiento de los Ministros

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101. Cese del Gobierno

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 102. Responsabilidad de los miembros del Gobierno

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103. La Administración Pública

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley.

3. La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una Ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105. Participación de los ciudadanos

La Ley regulará:

La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106. Control judicial de la administración

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107. El Consejo de Estado

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una Ley orgánica regulará su composición y competencia.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO V

2011-12-06T00:06:00.071+01:00

TÍTULO V
De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artículo 108. Responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109. Derecho de información de las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110. El Gobierno en las Cámaras

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artículo 111. Interpelaciones y preguntas

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112. La cuestión de confianza

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113. Moción de censura

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Artículo 114. Dimisión del Gobierno

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Artículo 115. Disolución de las Cámaras

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Artículo 116. (2) Estado de alarma; (3) Estado de excepción; (4) Estado de sitio

1. Una Ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las Leyes.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO VI

2011-12-06T00:05:00.069+01:00

TÍTULO VI
Del poder judicial

Artículo 117. (1) Independencia de la justicia; (2) Inamovilidad de los Jueces y Magistrados; (5) Unidad jurisdiccional

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por Ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118. Colaboración con la justicia

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119. Gratuidad de la justicia

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120. Publicidad de las actuaciones judiciales

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las Leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Artículo 121. Indemnización por errores judiciales

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.

Artículo 122. (1) Juzgados y Tribunales; (2) Consejo General del poder judicial

1. La Ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123. El Tribunal Supremo

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la Ley.

Artículo 124. El Ministerio Fiscal; (4) El Fiscal General del Estado

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La Ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125. Institución del Jurado

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126. Policía judicial

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca.

Artículo 127. Incompatibilidades de Jueces, Magistrados y Fiscales

1. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La Ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La Ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO VII

2011-12-06T00:04:00.069+01:00

TÍTULO VII
Economía y Hacienda

Artículo 128. Función pública de la riqueza

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 129. Participación en la empresa y en los organismos públicos

1. La Ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Artículo 130. Desarrollo del sector económico

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131. Planificación de la actividad económica

1. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por Ley.

Artículo 132. Bienes de dominio público

1. La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por Ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 133. Potestad tributaria

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley.

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las Leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de Ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las Leyes.

Artículo 134. Los Presupuestos Generales del Estado

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, sólo el Gobierno podrá presentar proyectos de Ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135. Deuda Pública

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Artículo 136. El Tribunal de Cuentas

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una Ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO VIII

2011-12-06T00:03:00.141+01:00

TÍTULO VIII
De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO
Principios generales

Artículo 137. Municipios, provincias y Comunidades Autónomas

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138. Solidaridad e igualdad territorial

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139. Igualdad de los españoles en los territorios del Estado

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Administación Local

Artículo 140. Autonomía y democracia municipal

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141. Las provincias. Las islas

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142. Las Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO
De las Comunidades Autónomas

Artículo 143. (1) Autogobierno de las Comunidades Autónomas; (2) Iniciativa autonómica

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso Autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Artículo 145. Cooperación entre Comunidades Autónomas

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146. Elaboración del Estatuto

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley.

Artículo 147. (1) Los Estatutos de Autonomía; (3) Reforma de los Estatutos de autonomía

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
La delimitación de su territorio.
La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica.

Artículo 148. Competencias de las Comunidades Autónomas

1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

Organización de sus instituciones de autogobierno.
Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
Los montes y aprovechamiento forestales.
La gestión en materia de protección del medio ambiente.
Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
Ferias interiores.
El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
La artesanía.
Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
Asistencia social.
Sanidad e higiene.
La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Artículo 149. (1) Competencias exclusivas del Estado; (2) Servicio del Estado a la cultura

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.

La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
Relaciones internacionales.
Defensa y Fuerzas Armadas.
Administración de Justicia.
Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.
Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Hacienda general y Deuda del Estado.
Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
Bases del régimen minero y energético.
Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Estadística para fines estatales.
Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150. Coordinación de competencias legislativas

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada Ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151. Elaboración del Estatuto en régimen especial

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143,2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una Ley Orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.
Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como Ley.
De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la Constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la Ley Orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152. Órganos de las Comunidades Autónomas

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153. Control de los órganos de las Comunidades Autónomas

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de Ley.
Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154. Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas

Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad.

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156. Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las Leyes y los Estatutos.

Artículo 157. Recursos de las Comunidades Autónomas

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos Generales del Estado.
Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante Ley Orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158. (2) Fondo de Compensación Interterritorial

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO IX

2011-12-06T00:02:00.041+01:00

TÍTULO IX
Del Tribunal Constitucional

Artículo 159. El Tribunal Constitucional

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con mas de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160. Presidente del Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años.

Artículo 161. Competencia del Tribunal Constitucional

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer.

Del recurso de inconstitucionalidad contra Leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de Ley, interpretada por la jurisprudencia, afectara a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos y formas que la Ley establezca.
De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre si.
De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las Leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162. Recursos de inconstitucionalidad y de amparo

1. Están legitimados:

Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163.

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la Ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164. Sentencias del Tribunal Constitucional

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una Ley o de una norma con fuerza de Ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la Ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165.

Una Ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

INFORME DE GESTIÓN DE DOMINGO FERNÁNDEZ VEIGUELA

2011-12-01T20:00:00.002+01:00

CSIF-Nacional: Informe de Gestión de Domingo Fernández Veiguela

Al ser este mi último Informe de Gestión ante el Congreso Nacional entenderéis que me resulte difícil limitarme a los cuatro años de este mandato y que, en parte, me extienda a los 16 años que han transcurrido desde aquel 30 de noviembre de 1995 en que me elegisteis para la Presidencia del Sindicato.

He pensado que para sacar conclusiones con vistas al futuro puede ser útil un análisis en el que veamos cuál era el punto de partida, reflexionemos sobre el camino seguido y valoremos cómo estamos en el momento actual.

Intentaré resumir lo que ya desarrollé con extensión en los informes de los anteriores congresos, porque al revisarlo he visto que todos ellos, junto con éste, forman un todo, que quiero dejar a modo de modesto testamento sindical, para recordatorio de los que ya sois veteranos en el sindicato y para mejor conocimiento de los más jóvenes.

Para esta valoración contamos con algunos parámetros muy objetivos, perfectamente cuantificables como son: la evolución de la afiliación, el crecimiento de nuestra representatividad y la situación económica y patrimonial del sindicato.

Pero también se deben tener en cuenta otros aspectos, no tan medibles, pero más importantes aún, porque los anteriores son consecuencias de éstos, son consecuencia de la eficacia de nuestro modelo organizativo y de funcionamiento, de nuestro modelo sindical y del mayor o menor acierto en las decisiones adoptadas en los momentos claves.

1.    AFILIACIÓN

La certificación oficial para el Congreso de 1995 hablaba de 80 mil afiliados. En aquellos momentos no había garantía de que todos estuvieran al corriente de pago. Además distintos colectivos ingresaban las cuotas, y no todas eran iguales, a sus respectivos sindicatos o asociaciones, que eran quienes certificaban.

La certificación para el Congreso de 1999 fue prácticamente la misma, en parte por la clarificación de las bases de datos provinciales y también por la pérdida de los afiliados de esos grupos sindicales, fundamentalmente de la empresa privada, que nunca habíamos controlado.

A partir de ese momento hemos experimentado un crecimiento medio del 25% en cada uno de los tres periodos entre Congresos, hasta alcanzar la cifra actual de 170 mil afiliados todos ellos al corriente de pago en las UUPP, todos ellos registrados en la base de datos Nacional.

Quiero destacar el aumento en la afiliación del Sector Privado que le permite estar representado en este Congreso con un importante porcentaje, superior al de muchos sectores públicos.

2. ELECCIONES

Los resultados de las elecciones 94-95 habían sido buenos pero llegamos al Congreso de Toledo con un sindicato en peligro de desaparición, un sindicato en crisis de identidad y de organización, que tuvo cinco presidentes en dos años.

El descenso en las elecciones 98-99, tanto en la función pública como en la empresa privada, fue una lógica consecuencia de aquellos años difíciles, auque mantuvimos, con suficiencia, la representatividad necesaria para seguir en la Mesa General de Funcionarios.

En el siguiente periodo electoral, 1999-2003, comenzamos la recuperación en el sector público. El reto que nos planteamos, y que superamos, fue alcanzar el 10% en el conjunto de funcionarios y laborales públicos, con la repercusión sindical que luego veremos.

En las elecciones de 2004-2007, crecimos en más de mil delegados en la función pública, lo que significó un aumento superior al 20% en la representación que teníamos.

En estas últimas elecciones, donde el referente clave ha estado en la defensa de lo público, el aumento en la Función Pública es superior a los mil quinientos delegados y, otra vez, más de un 20% en la representatividad. También superamos por primera vez los resultados del 94-95 en la empresa privada, gracias al eficaz trabajo sindical de nuestros compañeros, especialmente en Construcción y Servicios, Seguridad Privada, Registros, Notarias y Seguros.

Para mejor entender lo que esto significa veámoslo comparando nuestros porcentajes en la Función Pública con los de los otros dos sindicatos de la Mesa General:

	PORCENTAJE CSIF	PORCENTAJE CCOO=UGT	PROPORCIÓN
1999-2003	(4.150 delegados) 10,6%	35%	1: 3’5 :3’5
2004-2007	(5.200 delegados) 12,6%	30%	1 :2’5: 2’5
2008-2011	(6.700 delegados) 15,5%	27%	1 :1’8:1’8

Estos datos merecen algunas lecturas y alguna reflexión:

Reflexión sobre el peso que tiene, en cuanto a número de delegados elegidos, la Administración Local: más del 50% del total de los laborales y el 35% de los funcionarios.
Recordar la asignatura todavía pendiente de nuestro sindicato, a pesar de los últimos avances, de mejorar sus números en Cataluña, País Vasco y Canarias.
Resaltar y presumir, que somos el primer Sindicato en Sectores tan importantes como en la Administración de Justicia o en funcionarios de la A.E.G., que somos el primer sindicato en el conjunto de todos los EEPP transferidos en comunidades tan importantes como Andalucía, Extremadura, La Rioja o Castilla La Mancha, y el primero en funcionarios en Castilla y León y Aragón, y que en estas elecciones hemos entrado en la Mesa General en Baleares, Asturias y Madrid.
Pero tengamos, también en cuenta que no todo el descenso de CCOO y UGT fue ascenso para nosotros. Han crecido otros sindicatos sectoriales, autonómicos, corporativos o nacionalistas, que merecen todo mi respeto, pero que llevan a una atomización de la representación sindical que complica la interlocución y la negociación. Y valoremos también lo que significan de distorsión de la representatividad de unos y otros, en las Mesas Generales Autonómicas o en las Mesas Sectoriales Nacionales, las distintas reglas de juego que están aplicando las distintas Administraciones. Me refiero a las modificaciones que se están produciendo al fijar las unidades electorales y que han sido, y tienen que seguir siendo, motivo de estudio y de denuncia por nuestra parte.

3. FINANZAS Y PATRIMONIO

Empezamos el año 96 llenos de deudas y de avisos de embargo, como se explicó en mi informe del 99. Ahora solo debemos las hipotecas de algunas de nuestras sedes.

Tenemos solvencia y tenemos abierto el crédito bancario con facilidad. Seguimos dependiendo en nuestra financiación sobre todo de las cuotas de la afiliación, que constituyen prácticamente el 100% en las finanzas de las Uniones Provinciales, más del 90% en las del conjunto de las Uniones Autonómicas y más del 80% en las de Nacional, teniendo en cuenta que los números de la Nacional son aproximadamente el 15% del total.

La clave no está sólo en no gastar más de lo que se ingresa, la regla principal, también está en gastarlo bien. A ver si aprenden estas dos reglas nuestros políticos.

El mejor ejemplo de este buen gasto, está en la política de compra de sedes. Ni del Partido Popular en sus ochos años de Gobierno ni del Partido Socialista en los suyos conseguimos nada del llamado patrimonio sindical excepto tres locales que mejor podíamos llamar “trasteros” en Ávila, Zamora y Melilla. Al final hasta resulta que nos han hecho un favor, al obligarnos a buscarnos la vida.

Hemos pasado de las tres sedes iniciales en 1996 (Almería, Cáceres y Logroño)

                            a 25 sedes en 2003
                            a 43 sedes en 2007
                            a 64 sedes la actualidad

Estas sedes tienen una tasación, un valor de mercado de 59 millones 200 mil euros y sostienen una hipoteca de 16 millones 900 mil euros, que es un 28.5% de su valor y que se está pagando en cada provincia, autonomía o por la Nacional con total normalidad.

Pero su importancia va más allá de lo material. Todas ellas, desde los magníficos edificios de Fernando el Santo de Valencia, desde los más de mil metros de Cáceres, Málaga, Toledo o Sevilla, hasta los modestos 100-200 metros de San Sebastián, Tarragona u Orense, son sedes queridas, ganadas con el esfuerzo de todos, cuidadas, puestas con gusto, donde podemos atender mejor a los trabajadores que confían en nosotros. Son nuestras raíces y una buena garantía de futuro.

Esta es la situación actual del sindicato, de la que nos podemos sentir orgullosos. Pero como decía al principio, lo más importante es encontrar las razones por las que ha sido posible este crecimiento.

Y adelantaba tres claves:

Nuestro modelo organizativo y de funcionamiento.
Nuestro modelo sindical, nuestras señas de identidad.
El acierto, y el porqué de este acierto, en los momentos importantes.

La 1ª clave fue ser conscientes de se necesitaban unos nuevos Estatutos –después de los fallidos del 91– y que éstos no podían estar cambiándose, parcial y continuamente, en los Congresos ordinarios, mezclando su discusión con la elección de cargos.

Por eso, una vez resueltas las crisis internas, una vez superadas las elecciones del 98-99, celebrado ya el Congreso Nacional del 99, se convocó en marzo del 2000, en Valencia, el Congreso Extraordinario de Modificación de Estatutos.

Un Congreso en el que conseguimos adecuar nuestra organización a la organización autonómica del Estado, definiendo mejor las competencias de las estructuras (Nacional, Autonómicas, Provinciales) y de los sectores.

Con lo primero se reforzó el papel de las Uniones Autonómicas, que pudieron así hacer frente a una función pública prácticamente transferida, y pudieron coordinar y organizar los sectores autonómicos que tenían que llevar el peso de la negociación en las Mesas Sectoriales.

Cierto es que tuvimos la suerte de contar con un grupo de Presidentes Autonómicos que han sabido liderar este proceso y que han sido claves en el éxito.

Lo que queda por ver es si este modelo autonómico del sindicato nos servirá por mucho más tiempo, porque no tengo muy claro si España sigue teniendo el modelo autonómico del Estado que decía la Constitución, o que nos contaban que decía, aquella Constitución que algunos defendimos tanto por los pueblos de Andalucía.

Nuestros Estatutos, repito, han dado autonomía y, al contrario que la Constitución, no han permitido esas derivas, llamémosles federalistas, insolidarias, derrochadoras, que han puesto fronteras a la movilidad de los empleados públicos, que han roto los cuerpos nacionales y que han traído inaceptables desigualdades.

También es verdad que partimos con la ventaja de no contar, en el Sindicato, con un Tribunal Constitucional que nos cambie la letra, o la música, de nuestra normativa.

Nuestros Estatutos nacidos del consenso entre Estructuras y Sectores también nos han permitido aproximarnos a ese siempre difícil equilibrio entre ambos.

Lo prueba el hecho de que entre los responsables de las estructuras hay algunas quejas de las muchas “competencias” de los sectores, lo mismo que entre los responsables de los sectores hay quejas en sentido contrario. O sea, que estamos en el buen sitio.

Pero sobre todo lo prueban las consecuencias: estas reglas han hecho desaparecer prácticamente los serios conflictos que fueron uno de los principales motivos de las crisis de los años 93-95.

La 2ª clave está en elegir el modelo de sindicato, en cuanto a su definición, haciéndola verdad, en cuanto a sus ámbitos de actuación, que podamos abarcarlos, y en cuanto a sus objetivos, que sean realistas.

Y llevábamos un mal camino, desde el llamado Congreso de Unificación del 91 entre CSIF y CSI, que se hizo fatal y del que salimos ya desunidos.

Y esto fue porque, aparte de los personalismos, que también influyeron, aparte de unos Estatutos que salieron a disgusto de todos (pública y privada), cometimos dos clamorosos fallos:

El primero fue pensar que la cultura de unidad, que había funcionado muy bien con las Asociaciones de Funcionarios, serviría para los colectivos de CSI. Fue pensar que un sindicato que estaba organizado en Sectores Profesionales y en el que la afiliación se hacía, se atendía y se certificaba en las provincias, se podía unir con una Confederación de grupos sindicales de empresa, controlados en todo, cada uno, por dos o tres dirigentes que no dejaron de chantajearnos desde sus chiringuitos.

También esto está en el origen de la crisis del 93-95 que no se resolvió hasta que en el periodo 96-98 se fueron casi todos, lo mismo que algunos pocos del Sector Público, que querían seguir funcionando de la misma manera. Algunos encontraron refugio en otra Central Sindical que aceptó ese modelo. Así les va. Pero lo importante es que esa clarificación también ayudó a nuestra fortaleza posterior.

El segundo fallo fue pensar que como habíamos ganado las elecciones de 1987 (no olvidemos que fueron sólo de funcionarios, ni siquiera de laborales públicos, y que las ganamos con 3.200 delegados) todo el monte era orégano y que, sin infraestructuras, con sólo los medios de lo público, y sin apoyos de ningún tipo, íbamos a barrer a CCOO y a UGT en su bien consolidado terreno.

Entonces, volviendo al principio, decimos que somos un Sindicato (no una Confederación, ni una Federación) Profesional, Independiente, Negociador, y por este orden. Tengamos claro lo que quiere decir y hagámoslo de verdad, tengamos claro que no somos sindicato de partido ni de empresa, y digo esto desde el máximo respeto a estas opciones sindicales.

Y decíamos que había que fijar unos objetivos y marcar unas prioridades. Y uno de los temas que más debatimos –debate siempre abierto– era sobre cuál tenía que ser nuestro planteamiento en la empresa privada, y si era posible conseguir, por nuestros solos medios, ser una alternativa sindical en este sector como lo habíamos conseguido ser en lo público.

Fallido en gran parte el proyecto de CSI-CSIF del 90-91, se intentó en varias ocasiones, y por los anteriores presidentes, la unión con USO y con varios sindicatos sectoriales del ámbito nacional (Confederación de Cuadros FSIE, etc, etc). Muchos manifiestos, muchas plataformas de unidad sindical, pero al final ningún resultado.

Hace poco, apenas hace dos años, surgió la oportunidad de retomar el proyecto uniéndonos primero con USO para una vez completada esta fase, construida una casa común, invitar a los restantes sindicatos independientes a sumarse a esta alternativa.

Pensamos que estábamos en el buen camino. Nosotros queríamos. Ellos al final dieron marcha atrás y perdimos, ambos, y el movimiento sindical independiente, una oportunidad que no sé si volverá a presentarse.

Por todo esto, tenemos claro que, así como estamos en condiciones de competir por el liderazgo en la Función Pública, en el Sector Privado lo que podemos es planificar, hablando del ámbito nacional, la implantación en ciertos colectivos. La tenemos en Construcciones y Servicios, la tenemos en Notarías y en Registros, y la podemos tener en Seguridad Privada, etc.

Y también podemos atender, y tenemos que atender, a todos los trabajadores de muchas empresas privadas que acuden a nosotros en las provincias y autonomías, y de forma más decidida aún, si cabe, a los de las llamadas empresas públicas, cuyos trabajadores merecen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo sindical en sus reivindicaciones laborales, con un solo límite: que no nos pidan apoyo para su conversión en empleados públicos incumpliendo la normativa vigente para el acceso a la función pública.

Definido nuestro modelo organizativo y nuestro modelo sindical, la tercera clave ha sido conseguir un sindicato participativo que es lo que nos ha permitido acertar en los momentos importantes. Pero esto es, en gran parte, consecuencia de los anteriores porque, si estamos bien organizados y tenemos claro el modelo sindical, es más fácil lograr un buen ambiente interno, un “buen rollo”, con unidad, con estabilidad en los equipos directivos y en sus Presidentes. Y esto hace posible la “complicidad”, la participación en la toma de decisiones importantes.

Por esto tengo, necesariamente, que destacar el papel clave que ha tenido, en todos estos años, la Comisión Nacional. La Ejecutiva, junto con los Presidentes Autonómicos y los Presidentes de los Sectores Nacionales han formado un verdadero órgano de debate y de toma de decisiones mayoritariamente compartidas, que luego pasaban al referéndum del Consejo Sindical, muchas de cuyas reuniones, como la de Santiago de Compostela, tuvieron especial importancia. Simplificando mucho me referiré a tres de esos momentos.

El primero fue cuando en el año 2002 se intensificaron los intentos o peticiones de CCOO y UGT para medir la representatividad en la función pública sumando funcionarios –donde ya la teníamos- con laborales –donde no alcanzábamos el 10% nacional-.

Después de muchos de esos debates a los que me refería, el Sindicato aceptó el reto, y consiguió superarlo en ese período electoral que se terminó de contabilizar a 31 de diciembre de 2003. -Éste es un buen ejemplo de lo de fijar objetivos ambiciosos pero alcanzables y tener comprometido a todo el Sindicato-

Este período coincidió con los primeros acuerdos importantes en seis años con el Ministerio, siendo Ministro Javier Arenas. Fue cuando se puso en marcha el proceso para cobrar el 100% de las pagas extras y cuando se empezó a dotar el fondo de pensiones en la AGE.

El buen entendimiento de los tres sindicatos en esta negociación y nuestro éxito electoral fue lo que hizo posible, ya con Jordi Sevilla en el Ministerio, la formalización de la Mesa del Diálogo Social en las AAPP.

En esta Mesa decidimos coger el último tren para tener un EBEP que pusiera orden y modernizara las AAPP y mejorara nuestras condiciones de trabajo regulando mejor el acceso a la formación, la evaluación, la promoción, etc, etc.

Sabíamos que era el último tren, aunque ya iba con mucho retraso. Lo que no sabíamos era que iba a descarrilar antes de llegar a destino.

Trabajamos mucho, y creo que bien, los tres sindicatos y el Ministerio. Aquí es de justicia destacar la labor de nuestro equipo negociador, dirigido por Pepe Fernández.

No sólo tuvimos que superar la eterna resistencia de las Comunidades Autonómicas a que pusieran límites, siquiera mínimos, a sus competencias, sino que coincidió con la época crítica del Estatuto de Cataluña que nos interfirió muchísimo y que, en mi opinión, habrá que preguntárselo a ellos, impidió el consenso político del PSOE con el PP, que además se enfadó mucho con nosotros (¿?).

Pero creo que aceptar el borrador del proyecto de EBEP, firmado en La Moncloa con Zapatero de testigo, fue un acierto, nuestro segundo acierto importante. Consensuamos casi todo el desarrollo del Estatuto, incluida la ley de la AGE. Y teníamos un calendario, para culminar esta tarea en el otoño de 2007, luego de nuestro Congreso de Zaragoza.

Ocurrió que ese mismo día del Congreso nos quedamos sin Ministro. Y todo se acabó porque nombraron a la Sra. Salgado que nunca quiso saber nada de esto de la Función Pública ni en los meses que precedieron a las elecciones, ni luego cuando la volvieron a condenar a un ministerio que daba la impresión de aborrecer.

Hasta tal punto llegó la parálisis de toda negociación, que los tres sindicatos representativos convocamos conjuntamente movilizaciones y enviamos una carta de protesta con copia a la entonces Vicepresidenta 1ª.

La cesaron a los pocos días, pero no sería por la carta, porque la ascendieron a donde más daño nos podía hacer, y nos hizo luego, a los empleados públicos.

Lo positivo fue que la Sra. Fernández de la Vega pasó a ser nuestra Ministra y volvió a poner en la vía el tren descarrilado. Nos convenció a los sindicatos con su compromiso, institucional y personal, y se dispuso a dar el impulso final al proyecto firmando en La Moncloa un importante acuerdo que nos convirtió en sindicato de referencia en el que, además, conseguimos la vieja reivindicación sindical de tener una cláusula de revisión salarial.

Cambió todo el equipo del Ministerio y otra vez a trabajar, con plazo puesto en diciembre de 2010. A nuestro equipo, dirigido por Miguel Borra, sólo le faltó dormir en La Moncloa. Pero ya sabéis lo que pasó con el recorte de retribuciones y el incumplimiento, por parte del Gobierno de todo lo pactado a pesar de la defensa a ultranza que la Vicepresidenta hizo, y llevaba tiempo haciendo, del acuerdo. Nos consta.

Encima, pasado algún tiempo, nos ponen de Ministro al más sectario de los que he conocido, al que ha destrozado la Función Pública en Andalucía, con el que tantos conflictos y contenciosos ha tenido CSIF. El caso es que fue la definitiva condena del Proyecto.

Pero aquí estuvo nuestro tercer acierto. Supimos ser los defensores de lo público –que para nosotros es defender tanto a los empleados públicos como los servicios públicos que reciben los ciudadanos- porque tuvimos el mensaje que se necesitaba en aquel momento -y que sigue siendo, más válido aún, en estos momentos- porque fuimos escuchados en los medios de comunicación -no dimos abasto atendiendo a la prensa, recorriendo todos los platós de televisión, entrando en directo en todas las radios- y porque los otros dos sindicatos nos dejaron todo el espacio, por lo que sea: porque no querían ser muy agresivos con ese Gobierno o porque tenían otras prioridades con la reforma laboral y con la preparación de una huelga general, o porque no quisieron seguir con nosotros por el protagonismo total que estábamos teniendo.

Repito, tenemos que seguir con nuestro mensaje.

Si hay que apretarse el cinturón, que sea el de todos. Si nos hablan de los liberados sindicales, contemos los liberados políticos, y sus asesores y personal de confianza, y sus sueldos.

Si nos hablan de subvenciones a los sindicatos pidamos conocer todas las subvenciones que reciben los partidos políticos.

¿Cuánto nos ha costado esta interminable campaña de elecciones con esos monstruosos mítines?

Y si bien es cierto que sabemos que el Estado no tiene que ser un creador de empleo artificial, y por eso nunca hemos pedido que haya más eepp que los que sean necesarios, también pedimos que no haya ni uno menos de los necesarios para mantener estos servicios básicos de un Estado de bienestar que tanto nos costó conseguir y que nuestros políticos –sálvese quien pueda- han despilfarrado.

Y es por todo esto, que he procurado sintetizar, por lo que hemos llegado hasta aquí. Por nuestra organización, por nuestra unidad, por la estabilidad en los equipos, por el trabajo de nuestros miles de delegados, por nuestros aciertos, por los desaciertos de otros… hemos llegado hasta aquí, como un sindicato consolidado, como un sindicato con futuro, como dice el eslogan de este Congreso.

Las primeras propuestas fueron algo así como “El Futuro es Nuestro”, “Somos el Futuro”… Nos parecieron de mucha prepotencia. Pero de lo que sí podemos afirmar es que estaremos en ese futuro, estaremos en la construcción de ese futuro. Nos lo hemos ganado, nos hemos ganado ese derecho. Habrá que contar con nosotros para que aportemos nuestro granito de arena para construir una sociedad mejor.

Voy terminando ya, con tres posdatas:

1. Un aviso o consejo

Vienen tiempos difíciles. Por la gravísima situación económica y, también, por la nueva situación política. Ambas circunstancias sacarán a la calle, a incendiar la calle, a otros sindicatos.

Que no nos hagan nuestra agenda.

Y recordad también, ahora que va a gobernar el PP en todas las Administraciones aquello de “Todos al suelo, que vienen los nuestros”, bueno, vienen los que dicen ser de los nuestros, que aún es peor, porque en estos 26 años yo no he notado, salvo alguna mínima excepción que confirma la regla general, que sean de los nuestros, sino todo lo contrario. Es mi obligación decirlo. Y ya es hora de que lo tengamos claro.

2. Una petición

Llega una nueva Ejecutiva, muy renovada. Es un verdadero cambio generacional, como el que irá produciéndose, de ahora a los próximos cuatro años, en muchos otros ámbitos del Sindicato. Os pido para ella, con todas mis fuerzas, el máximo apoyo.

Llegan preparados, con nuevas energías, con nuevas ilusiones, con nuevas ideas, que son muy necesarias.

Porque tendrán que cambiar unas cosas o intentar mejorar otras. Todos sabemos que hay departamentos que funcionan razonablemente bien pero hay departamentos importantes que son manifiestamente mejorables.

Traerán su librillo, su manera de dirigir el Sindicato, acertarán en muchas cosas, se equivocarán en otras –como todos nos hemos equivocado-. Y aquí es donde más habrá que apoyarlos.

Por mi parte, yo doy dos pasos atrás. Y quedo a disposición del Sindicato para lo que me pueda encargar su nuevo Presidente y para lo que pueda servir mi experiencia. Con lealtad, y sabiendo, y así lo voy a hacer, que la mejor manera de ayudarle es la de no estorbarle. Mucho ánimo y mucha suerte, Presidente.

3. Y no puedo terminar sin unas palabras de enorme agradecimiento al Sindicato y a todos vosotros: A los delegados que atendéis a los compañeros en los centros de trabajo y que hacéis el trabajo básico, el prioritario. A los miembros del Consejo Sindical y a los de la Comisión Nacional.

En fin, mi agradecimiento a todos los que han formado parte de mis equipos a lo largo de estos 26 años, incluidos los que se han ido perdiendo por el camino y con una mención especial a las colaboradoras que han estado más cerca de mí y que más me han tenido que aguantar.

Y nada más. Ha sido un honor y ha sido un placer presidir este Sindicato, ser vuestro Presidente. Muchas gracias a todos.

MIGUEL BORRA: "Emplazamos al Partido Popular a abrir el diálogo social en las Administraciones Públicas"

2011-11-30T22:02:00.003+01:00

CSIF Nacional

El nuevo Presidente Nacional del sindicato CSIF, Miguel Borra Izquierdo, elegido hoy en el VII Congreso General Nacional de CSIF, celebrado en Madrid, ha solicitado al Partido Popular la negociación urgente de una hoja de ruta clara, completa, sin sorpresas a mitad del camino, con medidas realistas y negociadas con los agentes sociales para salir de la crisis. Emplazando al Partido Popular a abrir el diálogo social en las Administraciones Públicas, señalando que CSIF, será coherente en la negociación, pero no en la imposición como erróneamente hizo el anterior Gobierno socialista.

Ha señalado que es necesario alejarse de la tentación de buscar opciones populistas, aparentes y de buena venta mediática pero de partida abocadas al fracaso por su falta de eficacia. “No vamos a permitir que se nos ponga a los Empleados Públicos ni como causantes ni como solución a esta crisis”.

Y es que Borra considera que es obligación de los políticos tomar la iniciativa para reducir el déficit público a partir de la eliminación de los gastos supérfluos y del derroche en el que han caído muchas de las múltiples administraciones.

Hay que explicitar, señaló Borra, exactamente lo que verdaderamente es la Administración Pública haciendo una definición exacta de lo que son Servicios Públicos, apartándonos de las utilizaciones partidistas de los Presupuestos y acabando con el uso y abuso de las Administraciones Paralelas, que han servido de agencias de colocación y han llevado a creencias erróneas a los ciudadanos sobre lo que es la auténtica Administración Pública. Aquí sí que hay una manera eficaz de recortar el gasto público.

Por último, Borra, ha recordado que solicitará al Gobierno de Rajoy la recuperación, en un tiempo negociado y razonable, del poder adquisitivo de los empleados públicos de este país.

VII CONGRESO GENERAL NACIONAL DE CSI·F

2011-11-30T22:01:00.004+01:00

CSIF Nacional

Bajo el lema “Construyendo el futuro” Madrid ha acogido este día 30 de noviembre su VII Congreso General Nacional donde se han renovado sus máximos cargos de dirección. Domingo Fernández Veiguela, tras 16 años al frente de la organización ha dejado el cargo en manos de Presidente electo, Miguel Borra Izquierdo.

Domingo Fernández Veiguela dio la bienvenida al Congreso y acto seguido pasó a exponer su último Informe de Gestión donde hizo un repaso a sus 16 años de trayectoria sindical desde aquel 30 de noviembre de 1995 donde en el III Congreso General Nacional celebrado en Toledo fue elegido por primera vez Presidente Nacional.

A lo largo de su informe Domingo Fernández Veiguela ha hecho un análisis de estos años al frente de la Presidencia y ha valorado el momento actual donde ha dejado de manifiesto la evolución de la afiliación en los últimos años, el crecimiento de la representatividad, y la situación económica y patrimonial del sindicato.

Domingo Fernández Veiguela ha destacado el importantísimo papel que durante todos estos años ha tenido la Comisión Nacional, la Ejecutiva, junto con los Presidentes Autonómicos y los Presidentes de los Sectores Nacionales que “han formado un verdadero órgano de debate y de toma de decisiones mayoritariamente compartidas”.

En su informe de Gestión, Fernández Veiguela ha valorado muy positivamente la trayectoria del Sindicato en los últimos tiempos haciendo especial hincapié en los buenísimos resultados de los últimos cuatro años: “Y es por todo esto, por lo que hemos llegado hasta aquí. Por nuestra organización, por nuestra unidad, por la estabilidad en los equipos, por el trabajo de nuestros miles de delegados, por nuestros aciertos, por los desaciertos de otros… hemos llegado hasta aquí, como un sindicato consolidado, como un sindicato con futuro”.

Domingo Fernández Veiguela ha terminado con un mensaje de realismo referente al momento social que vivimos en la actualidad: “Vienen tiempos difíciles. Por la gravísima situación económica y, también, por la nueva situación política”. Ycontinuado con un mensaje claro y determinante: “Si hay que apretarse el cinturón, que sea el de todos. Si nos hablan de los liberados sindicales, contemos los liberados políticos, y sus asesores y personal de confianza. Si nos hablan de subvenciones a los sindicatos pidamos conocer todas las subvenciones que reciben los partidos políticos”.

También ha tenido unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que durante 26 años han estado trabajando codo con codo y que han formado parte de sus equipos de trabajo.

Así mismo ha deseado mucha suerte al nuevo Presidente y a todo su equipo, brindándoles su apoyo y experiencia quedando a disposición del Sindicato para lo que necesiten.

Durante el Congreso ha quedado constituido el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Garantía de Censura de Cuentas y los Interventores de Actas. Así mismo se han establecido mediante la correspondiente resolución las directrices sindicales de CSIF.

Además se han realizado homenajes y reconocimientos públicos a diversos miembros de la organización sindical, desde sus inicios hasta la actualidad, y que de una manera u otra han colaborando y colaboran para la buena marcha del Sindicato.

En un ambiente entrañable y de compañerismo Domingo Fernández Veiguela ha ido otorgando las distintas condecoraciones tales como Diplomas, Afiliados de Honor, Medallas, Cronista Oficial, Lazos de Honor y Medallas de Oro. Estas últimas fueron otorgadas a Daniel Matoses Climent, Juan Pinilla Navalmoral, Manuel Gónzalez Molina y José Fernández Vidal.

CSIF ha querido rendir un pequeño homenaje a dos personas externas al sindicato: doña María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta 1ª del Gobierno y a don Julián López Ballesteros, ambos con las distinciones de Sindicalista de Honor. Domingo Fernández Veiguela se ha dirigido a ellos como “personalidades que han prestado colaboración a CSIF o con el sindicalismo”.

De la Vega ha tenido unas sinceras palabras de agradecimiento “gracias por vuestro afecto; me llega al corazón, gracias de verdad por este homenaje que recibo con admiración”.

La ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que lo público “ha sido, es y será la tabla de salvación” a la crisis y ha añadido que el “recorte indiscriminado” de funcionarios y de puestos públicos no es un buen método para determinar el Estado que España necesita.

Y se ha mostrado convencida de que ha sido “lo público” lo que ha logrado “mantener a flote” ese mercado que algunos predicaban como autosuficientes de la misma manera que ha denunciado a aquellas personas que lideran un discurso de “sospecha” hacia lo público. “Pocas cosas hay tan dañinas para una democracia como ese discurso que durante años ha querido ver en lo público un mal necesario y un lastre para el progreso social y económico”, ha asegurado.

De la Vega ha criticado a “quienes estuvieron a punto de despeñarnos y siguen intentando imponer su ley”. Frente de ellos ha asegurado: “los Estados continúan siendo la mejor garantía de la defensa de los derechos”.

Terminando, la ex Vicepresidenta ha dado las gracias a todos los funcionarios que día a día realizan su trabajo de una manera determinante y en el que ha destacado el “compromiso que seguís demostrando con vuestro trabajo. Gracias por vuestro trabajo y por vuestro reconocimiento”.

Elegido Miguel Borra Izquierdo como el V Presidente Nacional de CSI-F ha querido tener unas palabras para el futuro: “Emplazamos al Partido Popular a abrir el diálogo social en las Administraciones Públicas, CSIF, será coherente en la negociación, pero no en la imposición como erróneamente hizo el anterior Gobierno socialista”. Por último, Borra, ha recordado que “solicitará al Gobierno de Rajoy la recuperación, en un tiempo negociado y razonable, del poder adquisitivo de los empleados públicos de este país”.

Un vídeo emotivo como acto de homenaje personal a Domingo Fernández Veiguela ha cerrado el VII Congreso General Nacional donde se han podido ver una serie de fotografías que cronológicamente han hecho un barrido desde su infancia, pasando por su juventud, familia y momentos más distendidos y amenos con compañeros del sindicato.

MIGUEL BORRA IZQUIERDO, ELEGIDO PRESIDENTE NACIONAL DE CSI·F

2011-11-30T22:00:00.003+01:00

CSIF Nacional

Miguel Borra Izquierdo ha sido elegido Presidente Nacional de CSIF con un total de 322 votos a favor, 23 blancos y 6 nulos de los 351 compromisarios con derecho a voto.

Formarán su Ejecutiva: Carlos García Bosquez, José Ramón García Esteban, Liliane Boudon Gorraiz, Juan Manuel López Gómez, Laura Marcos Primo, Carolina Rodríguez García, Andrés Montero Lavado, Eliseo Moreno Burriel, Antonio Díaz García y José Fernández Vidal.

CSI·F CELEBRA SU VII CONGRESO GENERAL NACIONAL

2011-11-30T10:00:00.004+01:00

CSIF Nacional

Bajo el lema “Construyendo el futuro”, Madrid acoge hoy día 30 de noviembre su VII Congreso General Nacional, donde se renovarán sus máximos órganos de dirección.

El actual Presidente Domingo Fernández Veiguela dejará el cargo tras 16 años al frente de la organización, dejando a CSI-F con las tasas de afiliación y representación más altas de su historia.

A lo largo del Congreso, se elegirá el nuevo Presidente Nacional, los componentes del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Garantías de Ámbito Nacional, la Comisión Nacional de Censura de Cuentas y los Interventores de Actas. Así mismo se establecerán mediante la correspondiente resolución las directrices sindicales de CSIF. Se hará un repaso de la gestión y de la actividad llevada a cabo por CSIF desde el anterior Congreso (Zaragoza 2007) hasta la actualidad o la fijación de nuevos proyectos sindicales.

Además se realizarán diversos homenajes y reconocimientos públicos a diversos miembros de la organización sindical, desde sus inicios hasta la actualidad, y que de una manera u otra han colaborado para la buena marcha del Sindicato.

Entre las personalidades que acudan al Congreso estará doña María Teresa Fernández de la Vega, que será homenajeada con el cargo de Sindicalista de Honor de CSIF.

CSI·F SECCIÓN AYUNTAMIENTO DE SADA (La Coruña)

CSIF manifiesta su rechazo a las medidas de la reforma laboral propuesta por el Gobierno

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Circular da Dirección Xeral de Administración Local de Galicia

El Tribunal Supremo respalda a los aprobados de buena fe en una oposición anulada

PLATÓN

LA NUEVA JORNADA MÍNIMA SEMANAL DE 37,5 HORAS NO ES OBLIGATORIA PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

CIRCULAR DE LA FEMP SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 20/2011

Circular de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que se resumen las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros del día 30 de de diciembre y aprobadas por Real Decreto Ley 20/2011

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Enlaces relacionados

Circular de la FEMP en formato PDF

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público

Los recortes para 2012 congelan nuevamente los salarios de los empleados públicos

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MAHATMA GANDHI

LOS RECORTES PARA 2012 CONGELAN NUEVAMENTE LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

NAVIDAD 2011

"LOS QUE DESEMBARCARON EN NORMANDÍA NO DESFILARON EN PARÍS"

INFORMACIÓN DEL SORTEO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

Lotería de Navidad. Sorteo Extraordinario de Navidad, 22 de diciembre 2011

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LOTERÍA DE NAVIDAD 2011

FELICITACIÓN NADAL 2011

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: PREÁMBULO

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO PRELIMINAR

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO I

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

SECCIÓN 1.ª

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

SECCIÓN 2.ª

De los derechos y deberes de los ciudadanos

CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO II

TÍTULO IIDe la Corona

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO III

TÍTULO IIIDe las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERODe las Cámaras

CAPÍTULO SEGUNDODe la elaboración de las leyes

CAPÍTULO TERCERODe los Tratados Internacionales

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO IV

TÍTULO IVDel Gobierno y de la Administración

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO V

TÍTULO VDe las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

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TÍTULO VIIIDe la Organización Territorial del Estado

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CAPÍTULO TERCERODe las Comunidades Autónomas

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: TÍTULO IX

TÍTULO IXDel Tribunal Constitucional

INFORME DE GESTIÓN DE DOMINGO FERNÁNDEZ VEIGUELA

MIGUEL BORRA: "Emplazamos al Partido Popular a abrir el diálogo social en las Administraciones Públicas"

VII CONGRESO GENERAL NACIONAL DE CSI·F

MIGUEL BORRA IZQUIERDO, ELEGIDO PRESIDENTE NACIONAL DE CSI·F

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